La mandataria presentó y firmó seis iniciativas de ley. Presidencia de la República
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, presentó este lunes 15 de junio ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley orientados al combate del crimen organizado, la reincidencia delictiva y el fortalecimiento de las herramientas legales para las autoridades de seguridad.
La presentación se realizó en el Salón de Expresidentes del Congreso, donde la mandataria indicó que las iniciativas forman parte de un primer conjunto de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar los problemas de seguridad que enfrenta el país.
Uno de los proyectos presentados es la denominada Ley Gerson Rosales, nombrada así en memoria del agente policial, quien falleció tras un ataque. La propuesta busca fortalecer la protección de los cuerpos policiales. Entre los cambios planteados se incluyen disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza por parte de los oficiales, la ampliación de la legítima defensa en determinados casos, sanciones para quienes obstaculicen la labor policial y restricciones para otorgar beneficios penitenciarios cuando los delitos sean cometidos contra agentes en el ejercicio de sus funciones.
Otra de las iniciativas es la Ley para Combatir las Asociaciones Criminales, que pretende establecer penas de prisión para quienes formen parte de organizaciones criminales, aun cuando no participen directamente en la ejecución de delitos. El proyecto contempla sanciones más severas cuando las estructuras estén vinculadas con actividades como narcotráfico, terrorismo, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas o tráfico de órganos.
El Ejecutivo también presentó la Ley Mano Firme contra la Reincidencia, mediante la cual se proponen nuevas categorías para clasificar a las personas reincidentes y endurecer las consecuencias penales para quienes acumulen múltiples condenas. La iniciativa además plantea ampliar las condiciones para aplicar prisión preventiva y limitar beneficios penitenciarios para determinados delitos graves.
Dentro del paquete figura además la Ley Cero Ocio en las Cárceles, que establece la participación de las personas privadas de libertad en actividades productivas como requisito para acceder a determinados beneficios. Según la propuesta, parte de los ingresos generados se destinarían a la manutención dentro del sistema penitenciario, la reparación a las víctimas, el apoyo familiar y un fondo de ahorro para la reinserción social.
Asimismo, el Gobierno presentó una reforma a la legislación sobre pistas de aterrizaje clandestinas, con el objetivo de fortalecer las sanciones contra quienes construyan, administren o faciliten infraestructura utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico. La iniciativa contempla la confiscación de maquinaria, vehículos y equipos empleados en estas actividades, así como la inmovilización registral de las propiedades involucradas.
El sexto proyecto corresponde a la Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales, que propone modificar el tratamiento de los antecedentes penales para que continúen disponibles para fines policiales, investigativos y judiciales, mientras que para efectos laborales se mantendrían por un plazo de 15 años posteriores al cumplimiento de la condena.
Durante la actividad, Fernández señaló que las iniciativas buscan dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar la criminalidad y el crimen organizado.
Los seis proyectos deberán ahora iniciar su trámite legislativo en la Asamblea Legislativa, donde serán analizados por los diputados antes de una eventual aprobación.
