Laura Fernández, junto a Yara Jiménez, Nogui Acosta y la bancada de Pueblo Soberano Presidencia de la República
La presidenta de la República, Laura Fernández, acusó a la Sala Constitucional de ejecutar un «golpe de Estado» contra la Asamblea Legislativa, luego de que ese tribunal dejara sin efecto los acuerdos legislativos sobre la elección de magistrados suplentes y prorrogara provisionalmente los nombramientos vencidos.
En un video difundido por la Presidencia de la República y acompañada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, Nogui Acosta y la bancada del Partido Pueblo Soberano, Fernández calificó la resolución de «ilegal e inconstitucional» y sostuvo que únicamente la Asamblea Legislativa tiene la facultad de nombrar magistrados, por lo que la Sala Constitucional invadió competencias exclusivas del Poder Legislativo.
La mandataria afirmó que la resolución viola el principio de separación de poderes y diversos artículos de la Constitución Política, entre ellos los artículos 9, 11, 121, 154, 157, 158 y 164. Además, calificó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional como «golpistas».
En la misma actividad, Nogui Acosta aseguró que el Estado de Derecho se encuentra «fracturado» y afirmó que los magistrados actuaron para proteger intereses particulares. Por su parte, Yara Jiménez anunció que presentará una querella por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
¿Qué resolvió la Sala Constitucional?
La resolución declaró con lugar un recurso relacionado con el proceso de elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Como parte del fallo, la Sala dejó sin efecto los acuerdos mediante los cuales la Asamblea Legislativa devolvió la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia y ordenó que esa lista sea conocida por el Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.
Además, dispuso que, como medida transitoria para evitar la paralización del tribunal, los magistrados suplentes cuyo nombramiento venció el 16 de diciembre de 2025 continúen provisionalmente en funciones hasta que la Asamblea Legislativa elija a los nueve nuevos magistrados suplentes.
La decisión fue adoptada por mayoría de cuatro votos contra tres. Votaron a favor de declarar con lugar el recurso los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García. En contra votaron los magistrados Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y la magistrada Anamari Garro Vargas, quienes salvaron el voto y consideraron que el recurso debía declararse sin lugar en todos sus extremos.
Oposición rechaza acusación
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, negó que la resolución constituya un golpe de Estado y sostuvo que el verdadero riesgo era dejar sin funcionamiento a la Sala Constitucional. Según afirmó, mantener provisionalmente a los magistrados suplentes permite que el tribunal continúe resolviendo recursos de amparo y otros asuntos constitucionales mientras la Asamblea realiza los nombramientos pendientes.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, atribuyó la falta de nombramiento de magistrados suplentes al oficialismo. Afirmó que la responsabilidad por no haber realizado esos nombramientos recae en el Partido Pueblo Soberano y señaló que la Asamblea Legislativa sometió en múltiples ocasiones la designación de magistrados suplentes a votación, pero que la bancada oficialista bloqueó esas iniciativas.
En una línea similar, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, calificó de «temerarias» e «irresponsables» las declaraciones de la mandataria. Dobles sostuvo que la resolución busca garantizar el funcionamiento de la Sala Constitucional y advirtió que desconocer sus decisiones pondría en riesgo el sistema de pesos y contrapesos de la democracia costarricense.
