El CACCO cuenta con cinco módulos y capacidad para albergar a 5.100 personas privadas de libertad. Captura de pantalla
El Gobierno inauguró este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva infraestructura penitenciaria ubicada en el complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, diseñada para albergar a 5.100 personas privadas de libertad.
El centro cuenta con cinco módulos, cada uno con capacidad para 1.020 personas, en un terreno de 91.000 metros cuadrados, de los cuales 31.000 corresponden al área construida.
Durante el acto de inauguración, las autoridades señalaron que el objetivo de la infraestructura es reforzar los controles penitenciarios y reducir la posibilidad de que las organizaciones criminales mantengan operaciones desde los centros de detención.
Inversión y características
Según lo expuesto durante la actividad, la construcción representó una inversión superior a ₡16.000 millones.
El CACCO incorpora sistemas de videovigilancia, monitoreo permanente, controles de ingreso y salida y espacios diseñados para limitar el ingreso y la tenencia de objetos prohibidos.
La infraestructura también dispone de patios de sol, espacios para visitas íntimas, locutorios para visitas y atención legal, así como consultorios médicos.
Las autoridades indicaron que el centro está destinado a personas privadas de libertad vinculadas con los perfiles de mayor peligrosidad y las organizaciones criminales más violentas del país.
Cooperación con El Salvador
Durante la actividad se destacó la cooperación del Gobierno de El Salvador en el desarrollo del proyecto. Según lo señalado en el discurso, la asistencia técnica brindada por ese país permitió un ahorro aproximado de ₡11.200 millones.
El diseño toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en El Salvador como parte de la estrategia de ese país contra las organizaciones criminales.
Antecedentes del proyecto
La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2025 y la construcción arrancó en enero de 2026, durante la administración de Rodrigo Chaves.
En la inauguración, los representantes del Gobierno defendieron el proyecto como parte de las medidas para reforzar la seguridad ciudadana y el control del sistema penitenciario.
Las autoridades también señalaron que la puesta en funcionamiento del centro busca garantizar que las personas privadas de libertad cumplan sus condenas sin continuar cometiendo delitos desde prisión.
