Comisión Legislativa rechaza investigar reducción de fondos al Parque La Libertad

La moción buscaba convocar a los involucrados para esclarecer las razones detrás del ajuste presupuestario. Parque de La Libertad

La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa rechazó una moción que pretendía abrir una investigación sobre la reducción de recursos públicos destinados a la Fundación Parque Metropolitano La Libertad durante 2026 y la proyección presupuestaria para 2027.

La iniciativa buscaba conocer las razones técnicas, financieras y administrativas de los recortes, así como sus posibles efectos sobre el personal y los programas que desarrolla el Parque La Libertad. La votación registrada durante la sesión fue de 4 votos a favor y 5 en contra.

Recortes y reorganización

Según lo expuesto en la moción, la fundación informó que el presupuesto previsto para 2026 sufrió una reducción del 9,5 %, mientras que las transferencias pendientes entre agosto y diciembre disminuyeron un 22,83 %. Para 2027 se proyecta una reducción adicional del 3,38 %.

La fundación señaló que el ajuste implicó una reorganización de su estructura y que 15 personas dejaron de trabajar para la organización, mientras otras 30 fueron sometidas a un ajuste salarial provisional.

Entre los programas mencionados durante la discusión están Chicas en Tecnología, educación técnica para el empleo, diseño y tecnología, emprendimiento, alfabetización digital, circo social, deporte, huertas, compostaje y estilos de vida saludables.

La moción proponía convocar al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives; al director ejecutivo de la fundación, Patricio Morera Víquez; al presidente de la Junta Administrativa, Marcos Fernández Salazar, y a funcionarios relacionados con las transferencias. También solicitaba documentación al Ministerio sobre los estudios e informes que sustentaron los cambios presupuestarios.

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Segura pidió esclarecer las razones

La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, defendió la necesidad de investigar el ajuste y cuestionó los señalamientos sobre un supuesto desorden administrativo en la fundación.

Asamblea Legislativa Sesión Solemne del 1 de mayo

“Hay una controversia que amerita el esclarecimiento legislativo sobre las razones técnicas, financieras y administrativas que están sustentando el recorte”, afirmó Segura.

La legisladora destacó que la fundación reportó más de 60.000 personas capacitadas durante 2025 y señaló los posibles efectos de la reducción de recursos sobre sus programas.

Hidalgo pidió escuchar a las partes

El diputado Víctor Hidalgo Solís, del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró necesario escuchar tanto a la fundación como al Ministerio de Cultura y Juventud.

“Es sumamente valioso traer a ambas partes y poder realmente esclarecer: si posiblemente existe desorden, que se pongan las pilas la fundación y, si no, pues que el Ministerio de Cultura sea capaz de buscar recursos o buscar alternativas para que una institución como esta realmente cumpla como se debe”, manifestó Hidalgo.

Facebook: Victor Hidalgo Diputado

Ramírez cuestionó la moción

Gonzalo Ramírez Zamora, del Partido Pueblo Soberano, planteó objeciones tanto reglamentarias como de fondo.

Ramírez señaló que la moción establecía tiempos y condiciones para las comparecencias que, a su criterio, ya están regulados por el reglamento de la comisión. El diputado había expuesto previamente este argumento en otra intervención y señaló que la misma razón aplicaba para esta propuesta.

“Si el reglamento ya establece cómo debe desarrollarse una comparecencia, no corresponde que, mediante una moción particular, establezcamos un procedimiento distinto o adicional para una audiencia específica”, afirmó.

Facebook Gonzalo Ramírez Zamora

Sobre el fondo, Ramírez sostuvo que una reducción presupuestaria no constituye por sí misma una irregularidad administrativa o un delito.

“Un reporte presupuestario por sí mismo no constituye un delito, tampoco constituye por sí mismo una irregularidad administrativa”, señaló.

El diputado agregó que las instituciones y programas públicos deben ajustarse cada año a las condiciones presupuestarias y a las decisiones de asignación de recursos.

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